Boletín legal de septiembre 2025
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000030
El Servicio de Rentas Internas (SRI) reformó las normas de declaración y pago de impuestos retenidos vía internet. La resolución modifica el artículo 9 de la Resolución 1065 de 2002, disponiendo que los sujetos pasivos deben declarar y pagar conjuntamente en la fecha de vencimiento todos los impuestos retenidos o percibidos por cada tributo; si no se paga el monto total adeudado, la declaración se considerará no presentada. Además, aclara que las compensaciones parciales mediante notas de crédito no se considerarán, y que si el pago se realiza extemporáneo se aplicarán multas e intereses según la ley. Se establece un periodo de transición: esta regla aplicará inicialmente para las retenciones efectuadas desde el 3 de noviembre de 2025, extendiéndose luego a otras obligaciones. La medida mejora la recaudación estatal al asegurar la coincidencia de la declaración y el pago.
Fuente: Cuarto Suplemento N.º 132. Jueves 25 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESFINFMR-INGINT-2025-0144
Esta resolución establece el “Buen Gobierno Cooperativo” para el sector financiero popular y solidario. Define principios y lineamientos para la gobernanza interna de cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y otras entidades reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Regula la estructura, funcionamiento y responsabilidades de los órganos de gobierno, los mecanismos de control interno y la participación de los socios. Entre sus disposiciones destacan criterios de independencia y profesionalización para los miembros de los consejos de administración y vigilancia, obligaciones de transparencia en la toma de decisiones, reglas para prevenir conflictos de interés, políticas de integridad institucional y mecanismos para la evaluación de desempeño y rendición de cuentas. La norma es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades supervisadas por la SEPS, sin importar su tamaño; su entrada en vigor es inmediata al publicarse en el Registro Oficial, y la SEPS verificará su cumplimiento en los procesos de supervisión ordinaria
Fuente: Suplemento N.º 129. Lunes 22 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
NRO. SPDP-SPD-2025-0034-R
La Superintendencia de Protección de Datos Personales aprobó el reglamento del procedimiento de evaluación y revisión de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP). El reglamento crea un mecanismo técnico-metodológico anual para revisar la implementación, eficacia y pertinencia de la LOPDP, sin imponer cargas adicionales a los sujetos obligados. Define el objeto y los principios rectores del procedimiento (eficacia, eficiencia, integralidad, participación, transparencia, legalidad y proporcionalidad). Señala los actores institucionales: la SPDP aprobará el Informe Anual de Evaluación, el cual será elaborado por un Grupo Técnico de Evaluación y Revisión (GTER) coordinado por la Intendencia de Regulación, con participación de la Intendencia de Innovación Tecnológica, la Unidad de Planificación (como secretaría técnica) y observadores académicos y de la sociedad civil. El procedimiento sigue un cronograma anual: planificación (ene-feb), recopilación de información (mar), análisis (abr-jun), elaboración del informe (jul-ago.), socialización (sept-oct) y presentación de resultados (nov), con seguimiento en diciembre. El informe anual incluirá un resumen ejecutivo, metodología aplicada, hallazgos por dimensión (jurídica, tecnológica, institucional, ciudadana), conclusiones sobre el impacto de la LOPDP y recomendaciones específicas.
Fuente: Registro Oficial N.º 126. Miércoles 17 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
DEFENSORÍA PÚBLICA
No. DP-DPG-DASJ-2025-121
La Defensoría Pública mediante Resolución aprueba la codificación del Reglamento Interno de Funcionamiento del Centro de Mediación, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y optimizar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. El reglamento establece un marco normativo claro y actualizado para la operación del Centro, definiendo la estructura organizativa, roles y responsabilidades del personal, así como los procedimientos para la recepción, análisis y resolución de casos de mediación, asegurando transparencia, equidad y eficiencia en los procesos. Además, promueve la capacitación continua del personal para mantener altos estándares de desempeño y adaptarse a cambios normativos y sociales, e implementa mecanismos de evaluación periódica de los servicios prestados, permitiendo identificar áreas de mejora y aplicar acciones correctivas oportunas. La resolución busca garantizar un servicio de mediación accesible, confiable y efectivo, fortaleciendo el acceso a la justicia de manera rápida y evitando la congestión de procesos judiciales, fomentando la cultura de resolución pacífica de conflictos en todo el país.
Fuente Suplemento N.º 118. Viernes 5 de septiembre de 2025.
ACUERDO MINISTERIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2025-122
Este acuerdo aprueba el Reglamento de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales para la construcción y obras públicas y privadas. Su objetivo principal es garantizar condiciones seguras y saludables para los trabajadores de la construcción. El reglamento impone a los empleadores la identificación de riesgos laborales, la elaboración de estudios y programas de seguridad, la entrega gratuita de equipos de protección personal y la implementación de medidas preventivas conforme a estándares nacionales e internacionales. También establece responsabilidades compartidas entre contratistas, subcontratistas y proveedores de servicios. Un aspecto destacado es la exigencia de certificación por competencias laborales en prevención de riesgos para todo el personal técnico o trabajador de actividades de alto riesgo. El Ministerio del Trabajo fortalecerá su capacidad de inspección, sanción y supervisión a través de registros obligatorios en las obras. Firmado por la ministra Ivonne Núñez Figueroa, este reglamento tiene aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para obras públicas y privadas.
Fuente: Cuarto Suplemento N.º 127. Jueves, 18 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000028
Esta resolución establece las normas que regulan las donaciones a favor de la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley de Solidaridad Nacional. En el artículo 1 se define el ámbito de aplicación: el procedimiento para aplicar la rebaja del Impuesto a la Renta por donaciones voluntarias de bienes inmuebles, equipamiento o suministros destinados a fortalecer la seguridad ciudadana. Los artículos siguientes detallan el cálculo y registro del beneficio: se dispone que la rebaja (hasta el 30% del impuesto causado) constituye un crédito tributario y no debe registrarse como gasto, y que los excesos o casos sin impuesto causado se considerarán gasto no deducible. Se regula el tratamiento en regímenes de impuesto único (IRU) compensando los aportes durante el año fiscal, y se aclara que para efectos del IVA se tomará el valor total de la factura con impuesto incluido. También se establecen reglas de sustento documental (certificaciones de las autoridades receptores), la exigencia de un catálogo oficial de bienes donables y un procedimiento específico de carta de intención, requisitos y autorización por parte del Ministerio del Interior o Defensa. Una disposición transitoria aclara la aplicación del beneficio para donaciones hechas en 2025 según su fecha. Finalmente, se instruye publicar instructivos y formularios en la web del SRI y se dispone que el SRI fiscalice el correcto uso del incentivo. En síntesis, esta norma detalla el mecanismo técnico-administrativo para otorgar a los donantes de bienes a la Policía/FF.AA. una rebaja tributaria (con límite del 30% del IR causado), promoviendo así aportes al sector público de seguridad. Los organismos involucrados son principalmente el SRI, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Gestión de Finanzas Públicas (antes MEF) como ente rector de finanzas.
Fuente: Quinto Suplemento N.º 129. Lunes, 22 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000027
Esta resolución reforma la Resolución N° NAC-DGERCGC24-00000019 (procedimiento de devolución del IVA para proyectos inmobiliarios) con el fin de flexibilizar el tope presupuestario anual para dicha devolución. Mediante el artículo 1 se modifica la Disposición General Tercera de la norma anterior, agregando que “el ente rector de las finanzas públicas podrá incrementar, en cualquier momento del periodo fiscal corriente, el límite presupuestario que se hubiere fijado originalmente para esta devolución”. Así, se amplían las posibilidades de financiamiento de este beneficio de IVA para el sector inmobiliario conforme a las necesidades presupuestarias del año fiscal. La norma mantiene los demás requisitos y procedimientos existentes para acceder a la devolución (título habilitante municipal, registro de proyectos, etc.), pero faculta al Ministerio de Economía para ajustar el presupuesto asignado. En conjunto, busca asegurar la viabilidad del beneficio fiscal al otorgar mayor flexibilidad al límite anual y apoyar la reactivación del sector de la construcción inmobiliaria sin exceder el techo presupuestario establecido originalmente.
Fuente: Quinto Suplemento N.º 124. Lunes, 15 de septiembre de 2025.
RESOLUCIÓN
DECRETO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nro. 126
Este decreto reforma el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos, eliminando el subsidio al diésel premium automotriz. A partir de su vigencia (13 de septiembre de 2025), fija el precio temporal del diésel premium en USD 2,80 por galón (antes USD 1,80) para el periodo 13 de septiembre al 11 de diciembre de 2025. Luego, a partir del 12 de diciembre de 2025 se implementará un nuevo mecanismo de estabilización mensual ligado al precio internacional del crudo: el precio se ajustará mensualmente tomando en cuenta la paridad de importación, costos logísticos y un margen de la abastecedora estatal, sujeto a límites máximos de variación de +5% al alza y -10% a la baja respecto al mes anterior. El decreto también elimina las tarifas preferenciales existentes para sectores especiales (navieras, atuneras, termoeléctricas, etc.) y ordena que Petroecuador mejore la calidad del diésel –reduciendo gradualmente su contenido de azufre hasta 50 ppm (calidad Euro IV) en un plazo de 12 meses. Para la fijación y publicación de precios participará la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCONEL). El objetivo declarado es reorientar el gasto fiscal (se estima ahorrar más de USD 1.000 millones anuales) hacia programas sociales y productivos, y evitar una política regresiva de subsidios que beneficiaba sobre todo a quienes más combustibles consumen. Se fijan compensaciones sociales (bonos a transportistas, etc.) en decretos complementarios (Nros. 125 y 127).
Fuente: Cuarto Suplemento N.º 124. Lunes, 15 de septiembre de 2025.
ACUERDO MINISTERIAL
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
ACUERDO MINISTERIAL Nro. MCYP-MCYP-2025-0185-A
Este acuerdo, establece detalladamente el marco de gestión del depósito legal de publicaciones nacionales. En su Contenido se explicita que el instructivo fija los lineamientos para conformar en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo (EOD-MCYP) un acervo de obras y producciones nacionales (bibliográficas, audiovisuales, documentales, científicas, artísticas o literarias) entregadas por editores o productores. Define las obligaciones del depósito legal: todo editor o productor nacional debe entregar a la BNEE ejemplares equivalentes al 2% del tiraje (mínimo 10 copias), y de no ser posible, al menos 4 ejemplares físicos más el archivo maestro digital de la obra. Incluye un formulario con datos (título, autor, ISBN/ISSN, soporte, etc.) para cada entrega. Precisa que la gestión del depósito legal estará a cargo de la BNEE, encargada de recibir las obras, verificar su integridad, registrarlas (asignar número de Depósito Legal) y emitir el correspondiente certificado. Además, regula la distribución de los ejemplares recibidos: la BNEE retendrá tres ejemplares, entregará uno a la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit y (para obras de arte y literatura) uno a la Biblioteca de la Universidad de las Artes; el resto se distribuirá a la Red Nacional de Bibliotecas según lo determine la BNEE. Para obras originalmente digitales, la BNEE entregará copias digitales (según lo previsto por la Ley de Cultura) a la BNAP, a la Universidad de las Artes y a la Red de Bibliotecas. Se exceptúan del depósito legal las reimpresiones sin cambios, documentos internos o sociales (circulares, invitaciones, etc.) y dosieres de prensa. El instructivo también incorpora estrategias de fortalecimiento: la BNEE y las demás bibliotecas (BNAP, Red Nacional, Univ. de las Artes) difundirán permanentemente información sobre el Depósito Legal y las obras depositadas. Se prevé un reconocimiento anual por parte de la BNEE a los editores y productores cumplidores, el cual otorga prioridad en concursos de fomento cultural. Se facilita además el uso gratuito de instalaciones bibliotecarias para estos depositantes. La BNEE está facultada para conservar los materiales: podrá realizar copias de seguridad, migrar formatos obsoletos y habilitar la consulta en sala de lectura respetando la normativa de propiedad intelectual (quedando prohibida la impresión o descarga pública de ejemplares digitales).
Fuente: Registro Oficial N.º 32. Jueves, 25 de septiembre de 2025.
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Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni sus miembros.
Legal Bulletin – October 2025
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
No. NAC-DGERCGC25-00000030
The Internal Revenue Service (SRI) amended the regulations governing the online filing and payment of withheld taxes. The resolution modifies Article 9 of Resolution No. 1065 of 2002, establishing that taxpayers must file and pay, jointly and on the due date, all taxes withheld or collected for each specific tax. If the total amount owed is not paid in full, the return shall be deemed not to have been filed. It further clarifies that partial offsets through credit notes will not be accepted, and that late payments will be subject to fines and interest in accordance with the law. A transitional period is established: this rule will initially apply to withholdings made as of November 3, 2025, and will subsequently extend to other tax obligations. The measure enhances state revenue collection by ensuring the simultaneity of filing and payment.
Source: Fourth Supplement No. 132. Thursday, September 25, 2025.
RESOLUTION
SUPERINTENDENCY OF POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY
No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESFINFMR-INGINT-2025-0144
This resolution establishes the “Cooperative Good Governance” framework for the popular and solidarity financial sector. It defines principles and guidelines for the internal governance of savings and credit cooperatives, mutual societies, and other entities regulated by the Superintendency of Popular and Solidarity Economy. It regulates the structure, operation, and responsibilities of governing bodies, internal control mechanisms, and member participation. Among its provisions, it emphasizes criteria of independence and professionalization for members of the boards of directors and supervisory boards, obligations of transparency in decision-making, rules to prevent conflicts of interest, institutional integrity policies, and mechanisms for performance evaluation and accountability. The regulation is mandatory for all entities supervised by the SEPS, regardless of their size; it enters into force immediately upon publication in the Official Registry, and SEPS will verify compliance during regular supervisory processes.
Source: Supplement No. 129. Monday, September 22, 2025.
RESOLUTION
SUPERINTENDENCY OF PERSONAL DATA PROTECTION
NRO. SPDP-SPD-2025-0034-R
The Superintendency of Personal Data Protection approved the regulation on the procedure for evaluation and review of the Organic Law on Personal Data Protection (LOPDP). The regulation establishes an annual technical-methodological mechanism to assess the implementation, effectiveness, and relevance of the LOPDP, without imposing additional burdens on the obligated parties. It defines the purpose and guiding principles of the procedure (effectiveness, efficiency, comprehensiveness, participation, transparency, legality, and proportionality). It identifies the institutional actors: the SPDP will approve the Annual Evaluation Report, which will be prepared by a Technical Evaluation and Review Group (GTER) coordinated by the Regulatory Directorate, with the participation of the Technological Innovation Directorate, the Planning Unit (acting as the technical secretariat), and academic and civil society observers. The procedure follows an annual schedule: planning (Jan–Feb), data collection (Mar), analysis (Apr–Jun), report preparation (Jul–Aug), dissemination (Sept–Oct), and presentation of results (Nov), with follow-up in December. The annual report will include an executive summary, the applied methodology, findings by dimension (legal, technological, institutional, citizen-related), conclusions on the impact of the LOPDP, and specific recommendations.
Source: Official Register No. 126. Wednesday, September 17, 2025.
RESOLUTION
PUBLIC DEFENDER’S OFFICE
No. DP-DPG-DASJ-2025-121
Through this Resolution, the Public Defender’s Office approves the codification of the Internal Operating Regulations of the Mediation Center, aimed at strengthening institutional management and optimizing the services provided to the public. The regulations establish a clear and updated normative framework for the Center’s operations, defining the organizational structure, roles and responsibilities of personnel, as well as the procedures for the intake, analysis, and resolution of mediation cases, ensuring transparency, fairness, and efficiency in the processes. Additionally, it promotes the continuous training of personnel to maintain high performance standards and adapt to regulatory and social changes and implements mechanisms for the periodic evaluation of services provided, allowing for the identification of areas for improvement and the timely implementation of corrective actions. The resolution seeks to ensure an accessible, reliable, and effective mediation service, strengthening access to justice in a timely manner, preventing the congestion of judicial proceedings, and promoting a culture of peaceful conflict resolution throughout the country.
Source: Supplement No. 118. Friday, September 5, 2025.
MINISTERIAL AGREEMENT
MINISTRY OF LABOR
MINISTERIAL AGREEMENT No. MDT-2025-122
This agreement approves the Regulation on Occupational Safety and Risk Prevention for construction and public and private works. Its primary objective is to ensure safe and healthy conditions for construction workers. The regulation requires employers to identify occupational hazards, prepare safety studies and programs, provide personal protective equipment free of charge, and implement preventive measures in accordance with national and international standards. It also establishes shared responsibilities among contractors, subcontractors, and service providers. A notable requirement is the mandatory certification in occupational risk prevention for all technical personnel or workers engaged in high-risk activities. The Ministry of Labor will strengthen its capacity for inspection, enforcement, and oversight through mandatory registration of worksites. Signed by Minister Ivonne Núñez Figueroa, this regulation is mandatory and applies nationwide to both public and private construction projects.
Source: Fourth Supplement No. 127. Thursday, September 18, 2025.
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000028
This resolution establishes the regulations governing donations in favor of the National Police and/or the Armed Forces in accordance with the National Solidarity Law. Article 1 defines the scope of application: the procedure to apply the Income Tax reduction for voluntary donations of real estate, equipment, or supplies intended to strengthen citizen security. The following articles detail the calculation and registration of the benefit: the reduction (up to 30% of the tax owed) constitutes a tax credit and must not be recorded as an expense, and any excess or cases where no tax is owed shall be considered a non-deductible expense. The treatment under single-tax regimes (IRU) is regulated, compensating contributions made during the fiscal year, and it is clarified that, for VAT purposes, the total invoice amount including tax will be considered. Rules are also established regarding supporting documentation (certifications from the receiving authorities), the requirement of an official catalog of donatable goods, and a specific procedure involving a letter of intent, requirements, and authorization by the Ministry of the Interior or Defense. A transitional provision clarifies the application of the benefit for donations made in 2025 according to their date. Finally, instructions and forms are to be published on the SRI website, and the SRI is tasked with supervising the correct use of the incentive. In summary, this regulation outlines the technical-administrative mechanism to grant donors of goods to the Police and Armed Forces a tax reduction (capped at 30% of the income tax due), thereby promoting contributions to the public security sector. The entities involved are primarily the SRI, the Ministry of the Interior, the Ministry of Defense, the National Police, the Armed Forces, and the Public Finance Management Unit (formerly the Ministry of Economy and Finance) as the governing financial authority.
Source: Fifth Supplement No. 129. Monday, September 22, 2025.
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000027
This resolution amends Resolution No. NAC-DGERCGC24-00000019 (procedure for VAT refunds on real estate projects) to provide flexibility regarding the annual budget cap for such refunds. Article 1 modifies the Third General Provision of the previous regulation, adding that “the public finance governing body may, at any time during the current fiscal year, increase the budget limit originally established for this refund.” In this way, the possibilities for financing this VAT benefit for the real estate sector are expanded in accordance with the fiscal year’s budgetary needs. The regulation maintains all other existing requirements and procedures to access the refund (municipal enabling title, project registration, etc.) but empowers the Ministry of Economy to adjust the allocated budget. Overall, it seeks to ensure the viability of the tax benefit by granting greater flexibility to the annual limit and supporting the recovery of the real estate construction sector without exceeding the originally established budget ceiling.
Source: Fifth Supplement No. 124. Monday, September 15, 2025.
RESOLUTION
DECREE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Nro. 126
This decree amends the Codified Regulation on the Pricing of Hydrocarbon Derivatives, eliminating the subsidy on automotive premium diesel. As of its effective date (September 13, 2025), it sets the temporary price of premium diesel at USD 2.80 per gallon (previously USD 1.80) for the period from September 13 to December 11, 2025. Subsequently, starting December 12, 2025, a new monthly stabilization mechanism linked to the international crude oil price will be implemented: the price will be adjusted monthly considering import parity, logistical costs, and a margin for the state supplier, subject to maximum variation limits of +5% upward and -10% downward compared to the previous month. The decree also eliminates existing preferential rates for special sectors (shipping companies, tuna processing, thermoelectric plants, etc.) and orders Petroecuador to improve diesel quality—gradually reducing its sulfur content to 50 ppm (Euro IV standard) within 12 months. For the setting and publication of prices, the Hydrocarbons Regulation and Control Agency (ARCONEL) will participate. The stated objective is to redirect fiscal spending (estimated to save over USD 1 billion annually) toward social and productive programs, and to prevent a regressive subsidy policy that primarily benefited the highest fuel consumers. Social compensations (bonuses for transport workers, etc.) are established in complementary decrees (Nos. 125 and 127).
Source: Fourth Supplement No. 124. Monday, September 15, 2025.
MINISTERIAL AGREEMENT
MINISTRY OF CULTURE AND HERITAGE
MINISTERIAL AGREEMENT No. MCYP-MCYP-2025-0185-A
This agreement establishes in detail the management framework for the legal deposit of national publications. Its content specifies that the guidelines set forth the procedures for creating, at the Eugenio Espejo National Library (EOD-MCYP), a collection of national works and productions (bibliographic, audiovisual, documentary, scientific, artistic, or literary) submitted by publishers or producers. It defines the obligations of the legal deposit: every national publisher or producer must deliver to the BNEE copies equivalent to 2% of the print run (minimum 10 copies), and if this is not possible, at least 4 physical copies plus the digital master file of the work. It includes a form with information (title, author, ISBN/ISSN, format, etc.) for each submission. It specifies that the management of the legal deposit will be the responsibility of the BNEE, which is in charge of receiving the works, verifying their integrity, registering them (assigning a Legal Deposit number), and issuing the corresponding certificate. Additionally, it regulates the distribution of the received copies: the BNEE will retain three copies, deliver one to the Ecuadorian Library Aurelio Espinosa Pólit, and (for art and literary works) one to the Library of the University of the Arts; the remaining copies will be distributed to the National Library Network as determined by the BNEE. For works originally in digital format, the BNEE will provide digital copies (as stipulated by the Culture Law) to the BNAP, the University of the Arts, and the Library Network. Exempted from legal deposit are reprints without changes, internal or social documents (circulars, invitations, etc.), and press dossiers. The guidelines also incorporate strengthening strategies: the BNEE and other libraries (BNAP, National Library Network, University of the Arts) will continuously disseminate information about the Legal Deposit and the deposited works. An annual recognition by the BNEE is planned for compliant publishers and producers, granting them priority in cultural promotion contests. Additionally, free use of library facilities is facilitated for these depositors. The BNEE is empowered to preserve the materials: it may create backup copies, migrate obsolete formats, and enable consultation in the reading room while respecting intellectual property regulations (public printing or downloading of digital copies is prohibited).
Source: Official Registry No. 32. Thursday, September 25, 2025.
