Boletín legal de agosto de 2025
LEY ORGÁNICA
ASAMBLEA NACIONAL
LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA SOCIAL
El 26 de agosto de 2025 la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social (LOTS), publicada el 28 de agosto, que establece un nuevo marco para las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) y, a la vez, introduce cambios tributarios relevantes para las sociedades. La LOTS reconoce a las OSSFL como entidades sujetas a supervisión —la SEPS queda como autoridad competente— y obliga al registro en un Sistema Unificado de Información (SUIOS), la clasificación por riesgo (bajo/medio/alto) y la adopción de medidas proporcionales de integridad: transparencia activa, debida diligencia sobre donantes y beneficiarios, rendición de cuentas, auditorías y, para organizaciones de alto riesgo, la designación de un responsable Institucional de Cumplimiento. Al mismo tiempo, la ley reforma la tributación de las utilidades: reemplaza el régimen previo por un impuesto sobre la distribución de dividendos (con tarifas diferenciadas: 10% para no residentes, 12% para residentes y 14% cuando hay vínculo con paraísos fiscales) y amplía la noción de “dividendos” para abarcar ciertos anticipos o transferencias (donaciones, préstamos no comerciales, etc.); las sociedades que paguen dividendos actúan como agentes de retención y deben retener el impuesto al momento de la distribución, existiendo además una exención para personas naturales residentes equivalente a 3 SBU por sociedad. La LOTS crea también un pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas a 31 de julio, gravado de forma progresiva (tarifas crecientes hasta un tope del 2,5% en los tramos más altos), cuyo monto es compensable contra futuras retenciones o contra el impuesto del ejercicio en que se distribuya o capitalice; si una sociedad no distribuye ni capitaliza esas utilidades en dos ejercicios fiscales posteriores, el crédito se pierde y el monto pasa a ser gasto no deducible. Finalmente, la ley contiene disposiciones transitorias y de alcance: el Ejecutivo debe expedir el reglamento en 60 días, las OSSFL tienen 180 días para registrarse en el SUIOS, y las reglas sobre dividendos y pago a cuenta rigen desde el primer día del mes siguiente a la publicación; además incorpora cambios en minería, refuerza facultades de la UAFE y prevé exoneraciones y tratamientos especiales en el ámbito público, por lo que resulta imprescindible que organizaciones y sociedades actualicen estatutos, políticas de distribución, controles internos y sistemas contables en función de la normativa secundaria que pronto emitirá el SRI, la SEPS y el Ejecutivo.
Fuente: Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 112. Jueves 28 de agosto de 2025.
ACUERDO MINISTERIAL
MINISTERIO DE TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2025-102
El pasado 22 de agosto de 2025, el Ministerio del Trabajo expidió, vía Acuerdo Ministerial MDT-2025-102, la Norma para la Prevención y Atención de todo caso de Discriminación, Violencia y Acoso Laboral en el sector privado, en cumplimiento de la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo (aprobada el 8 de mayo de 2024); en paralelo, el sector público quedó regulado por el Acuerdo MDT-2025-093 (14 de agosto de 2025). La norma privada es obligatoria para empleadores y trabajadores regidos por el Código del Trabajo y contempla conductas desarrolladas durante la jornada, en actividades relacionadas o a través de terceros vinculados al trabajo (pasantes, voluntarios, prestadores, usuarios), quienes también están legitimados para denunciar. Se exige a los empleadores la elaboración y registro de un Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral, que deberá contener los ejes de prevención, identificación, atención y seguimiento, y registrarse en la plataforma electrónica del Ministerio para su aprobación por resolución del Director Regional; además, los empleadores deben implementar programas de prevención de riesgos psicosociales (con campañas de sensibilización y enfoque de género), en particular las entidades con más de 50 trabajadores (en el sector público se exige un programa específico y hay un plazo de 90 días para armonizar normativa interna; en el sector privado el plazo para adaptar protocolos es de 60 días). El procedimiento de denuncia y atención se canaliza ante el Inspector del Trabajo en el sector privado (y ante la UATH institucional en el sector público), con medidas inmediatas de protección, mantenimiento de la confidencialidad, separación física entre víctima y presunto agresor y acompañamiento médico y psicológico; se prohíben las represalias y se prevén garantías procesales, incluida la obligación de derivar al sistema penal cuando existan indicios de delito. Las normas amplían definiciones de discriminación, violencia y acoso (incluyendo relaciones jerárquicas descendentes, ascendentes y horizontales), regulan la desconexión digital con excepciones justificadas, y prohíben requisitos discriminatorios en procesos de selección (por ejemplo, pruebas de embarazo, VIH o antecedentes no pertinentes). En el sector público se incorpora la obligación de tratamientos correctivos para reincidentes y la obligación de proteger a denunciantes y testigos; en ambos sectores se derogan acuerdos previos señalados por el Ministerio y se fijan plazos para la implementación de módulos informáticos y registros. En suma, la normativa desarrolla y operacionaliza la ley reformatoria de 2024: obliga a empleadores e instituciones públicas a adoptar protocolos, programas y medidas de protección eficaces, y fija mecanismos de tramitación, confidencialidad y sanción que buscan garantizar la prevención, atención y no revictimización.
Fuente: Sexto Suplemento del Registro Oficial No. 103. Viernes 15 de agosto de 2025.
Resolución administrativa
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. BCE-GG-013-2025
El 7 de agosto de 2025, el Banco Central del Ecuador expidió el Modelo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para la Gestión de Comercialización del Oro y sus procesos de apoyo, con el fin de fortalecer las reservas internacionales, promover la formalización y el desarrollo del sector de la pequeña minería y minería artesanal, y asegurar la calidad, trazabilidad y legalidad en la cadena de comercialización del oro. Para alcanzar esos objetivos la resolución obliga a la Alta Dirección, gerencias y subgerencias a adoptar un enfoque por procesos alineado con ISO 9001:2015, asignar responsabilidades claras, implementar controles de trazabilidad y protección de datos, realizar auditorías internas y externas, gestionar riesgos y documentar evidencias de conformidad y mejora continua; además extiende su ámbito a personal, proveedores y aliados estratégicos, impactando contratación, control de calidad y diligencias de cumplimiento.
Fuente: Suplemento del Registro Oficial N.º 108. Viernes 22 de agosto de 2025.
Resolución
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC25-000000018
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución NAC-DGERCGC25-000000018, mediante la cual se introducen medidas relevantes para los contribuyentes en relación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), complementando un control cruzado entre el SRI y la UAFE Se establece que el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ahora incluirá una indicación expresa sobre si el contribuyente está obligado a reportar ante la UAFE, fortaleciendo la trazabilidad de actividades económicas sensibles. Además, el SRI podrá suspender de oficio el RUC de aquellos contribuyentes que, en un plazo de 30 días hábiles desde la apertura o actualización del RUC, no hayan obtenido su Código de Registro ante la UAFE. Por otra parte, la suspensión del RUC se mantendrá hasta que el contribuyente presente el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la UAFE, lo que implica una paralización operativa hasta regularizar su situación. Asimismo, se exhorta a los contribuyentes a revisar y depurar las actividades registradas en su RUC, conservando únicamente aquellas que efectivamente realizan para evitar clasificaciones erróneas como sujetos obligados a reportar, lo cual podría generar obligaciones innecesarias y sanciones.
Fuente Cuarto Suplemento del Registro Oficial N.º 098. Jueves 7 de agosto de 2025.
LEY ORGÁNICA
ASAMBLEA NACIONAL
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA DIGNIFICAR EL TRABAJO DEL HOGAR
El 1 de agosto de 2025 se publicó en el Registro Oficial la Reforma al Código del Trabajo para Dignificar el Trabajo del Hogar. Esta reforma supone un hito en cuanto al trabajo remunerado del hogar se refiere, ya que introduce cambios significativos como una nueva definición que lo reconoce como “aquel realizado por una persona natural en un hogar privado, bajo relación de dependencia y remuneración, ya sea de forma parcial o completa”, y lo aleja de la definición previa que entendía el trabajo doméstico como únicamente como un “servicio doméstico”. Además, dispone la afiliación obligatoria de los trabajadores del hogar al IESS, así como también la prohibición de la contratación de menores de dieciocho años para este tipo de trabajo. Por otra parte, esta nueva definición excluye a aquellos trabajadores dentro del sector de la salud, turismo y hotelería del concepto de trabajo remunerado del hogar, a menudo entendidos como similares u homólogos, e incluso elimina la obligación de reemplazo que establecía que para que el trabajador doméstico abandone o se retire de su lugar de trabajo este debía dejar un reemplazo. Se concluye que el objeto principal de esta ley reformatoria es reconocer el valor de este tipo de trabajo, facilitando medios para la regularización de los trabajadores del hogar y otorgándole un reconocimiento formal que incluye las garantías y prestaciones que manda la ley, así como mecanismos efectivos para la denuncia ante la vulneración de sus derechos laborales o integridad personal. Entre las disposiciones de la ley se halla la preferencia en cuanto al acceso a educación y salud para hijos de trabajadores domésticos, medida que busca garantizar y promover la igualdad y el acceso a estos servicios, así como la promoción de derechos para sectores sociales históricamente desfavorecidos. La Ley reformatoria también promueve mayor presencia de los organismos de control en conjunto con una inspección activa y mecanismos de protección inmediata ante cualquier afectación laboral en casos de discriminación, violencia o incluso trabajo forzado. Por último, se prevé una cooperación interinstitucional entre los distintos ministerios y órganos estatales quienes deberán crear y/o fortalecer mecanismos para la aplicación efectiva de esta normativa.
Fuente: Segundo Suplemento No. 94 del Registro Oficial. 1 de agosto de 2025.
LEY ORGÁNICA
ASAMBLEA NACIONAL
LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL
El 29 de agosto de 2025 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal, aprobada por la Asamblea Nacional, con el fin de prevenir, corregir y sancionar prácticas contrarias a la buena fe comercial, proteger la competencia leal en el mercado ecuatoriano y salvaguardar los intereses legítimos de competidores y consumidores; la norma se aplica a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que realicen actividades comerciales o resulten afectadas por actos de competencia desleal en el territorio nacional, y se funda en principios como la buena fe, la transparencia, la prohibición del abuso, la protección al consumidor, la valoración de la realidad jurídica y la no exclusión. Se prohíbe toda conducta que contravenga las exigencias de la buena fe, cualquiera sea la forma o el medio empleado, incluyendo —entre otras— actos de engaño o publicidad falsa, imitaciones confusas, comparaciones indebidas y la revelación o apropiación de secretos empresariales; la Superintendencia de Competencia Económica es la autoridad encargada de la supervisión, instrucción y sanción, con facultades para iniciar procedimientos de oficio o a petición de parte con interés legítimo, convocar audiencias, ordenar medidas correctivas, disponer acciones frente a autoridades públicas y dictar resoluciones administrativas, asumiendo el órgano de investigación la carga principal de la prueba sin perjuicio de las pruebas que puedan presentar los operadores investigados. Los presuntos infractores podrán presentar compromisos de cese inmediato o gradual o medidas de subsanación, cuya admisión deberá resolverse por la Superintendencia en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles; para prevenir, impedir, suspender, corregir o revertir conductas prohibidas la Superintendencia podrá dictar medidas correctivas y, en caso de incumplimiento, imponer sanciones pecuniarias y medidas complementarias, incluyendo multas de hasta el 12% de los ingresos brutos del ejercicio anterior por actos de competencia desleal, multas de hasta el 10% de los ingresos brutos por incumplimiento o falta de colaboración, y multas coercitivas de hasta 200 remuneraciones básicas unificadas para asegurar el cumplimiento de las resoluciones administrativas —las sanciones prescriben a los ocho años desde su imposición—. Asimismo, la ley reconoce la posibilidad de que la persona afectada o quien tenga interés legítimo promueva acciones judiciales tales como la acción declarativa de deslealtad, la acción de cesación de la conducta desleal y la acción de remoción de los efectos derivados de la conducta; estas acciones prescriben en el plazo de un año desde el conocimiento del acto y del responsable, y en todo caso a los tres años desde la ocurrencia del hecho. En suma, la ley busca consolidar un entorno comercial justo y transparente mediante mecanismos administrativos y judiciales que protejan la competencia leal y los derechos de los consumidores, y que permitan la reparación efectiva frente a prácticas empresariales contrarias a la buena fe.
Fuente: Tercer Suplemento del Registro Oficial N.º 113. Viernes 29 de agosto de 2025.
Resolución
SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (SPDP)
REGLAMENTO SOBRE SEUDONIMIZACIÓN, ANONIMIZACIÓN, BLOQUEO Y ELIMINACIÓN DE DATOS PERSONALES
El 7 de agosto de 2025, mediante Resolución No. SPDP-SPD-2025-0030-R, la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) expidió el Reglamento para la Seudonimización, Anonimización, Bloqueo, Suspensión y Eliminación de Datos Personales (en adelante, el “Reglamento”), cuyo objeto es establecer directrices y medidas técnicas para proteger el ciclo de vida de los datos personales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares; la norma obliga a todas las entidades públicas y privadas que traten datos personales en Ecuador y fija plazos y responsabilidades operativas concretas para su implementación. El Reglamento define la seudonimización como el reemplazo de datos por códigos o nombres ficticios cuya reversibilidad requiere información adicional guardada por separado y protegida; los datos seudonimizados siguen considerándose datos personales (por tanto aplicables a la LOPDP), requieren un análisis de riesgo previo, pueden emplearse en la prestación de servicios cuando no es necesaria la identificación, en investigación científica, histórica o estadística y en auditorías o pruebas de sistemas, y toda acción de re-identificación debe registrarse para garantizar la trazabilidad y el derecho de protección de los titulares. La anonimización se describe como una medida técnica destinada a impedir la identificación o re-identificación (incluso por combinación con otras fuentes), aplicable a todas las categorías de datos y priorizable para datos de salud tras un análisis de riesgo; para el tratamiento de datos de salud anonimizados se exige autorización previa de la SPDP, y una vez debidamente anonimizados los datos pueden transferirse sin requerir el consentimiento del titular. Respecto al bloqueo, el Reglamento permite conservar datos una vez cumplida la finalidad cuando exista obligación legal o base de legitimación, pero obliga a aplicar técnicas de bloqueo que limiten y restrinjan el acceso para las finalidades residuales, previa evaluación de riesgos; la suspensión constituye el derecho del titular a que se detenga temporalmente un tratamiento, y el responsable (o, si procede, el encargado tras notificación) debe suspenderlo en un plazo máximo de tres (3) días, plazo que también se aplica al cese por revocatoria del consentimiento, salvo excepciones previstas (p. ej. defensa de reclamaciones, protección de terceros, interés público o cumplimiento de obligaciones legales). En materia de eliminación, el titular puede solicitar la supresión total o parcial de sus datos cuando no exista base legitimadora para seguir tratándolos; si la solicitud procede, el responsable debe entregar al titular constancia escrita de la eliminación, notificar a encargados y terceros para que eliminen en máximo tres (3) días, y los encargados, al término de su relación jurídica con el responsable, deberán devolver o eliminar los datos en un plazo de cinco (5) días y entregar constancia de ello; además, en relación con la portabilidad el titular tiene derecho a recibir sus datos en formato compatible y, una vez transferidos al nuevo responsable, el originario debe eliminarlos salvo una base legal que permita su conservación. El Reglamento prevé que, en un plazo de seis (6) meses desde su publicación, la Intendencia General de Innovación, Tecnología y Seguridad de Datos Personales deberá presentar la Guía Técnica de Seudonimización, Anonimización, Bloqueo, Suspensión y Eliminación
Fuente: Registro Oficial N.º 115. Martes 2 de septiembre de 2025.
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Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni sus miembros.
Legal Bulletin – August 2025
ORGANIC LAW
NATIONAL ASSEMBLY
ORGANIC LAW OF SOCIAL TRANSPARENCY
On August 26, 2025, the National Assembly approved the Organic Law of Social Transparency (LOTS), published on August 28, which establishes a new framework for Non-Profit Social Organizations (NPSOs) and, at the same time, introduces significant tax changes for corporations. The LOTS recognizes NPSOs as entities subject to supervision —with the SEPS designated as the competent authority— and mandates their registration in a Unified Information System (SUIOS), classification by risk level (low/medium/high), and the adoption of proportional integrity measures: active transparency, due diligence on donors and beneficiaries, accountability, audits, and, for high-risk organizations, the appointment of an Institutional Compliance Officer. At the same time, the Law reforms the taxation of profits: it replaces the previous regime with a tax on dividend distributions (with differentiated rates: 10% for non-residents, 12% for residents, and 14% when linked to tax havens) and broadens the concept of “dividends” to include certain advances or transfers (such as donations, non-commercial loans, etc.). Companies distributing dividends act as withholding agents and must withhold the tax at the time of distribution, with an additional exemption for resident individuals equivalent to 3 Unified Basic Salaries (SBU) per company. The LOTS also establishes an advance payment on undistributed profits as of July 31, taxed progressively (with rates increasing up to a maximum of 2.5% for the highest brackets), the amount of which is creditable against future withholdings or against the income tax of the fiscal year in which the profits are distributed or capitalized. If a company neither distributes nor capitalizes these profits within the following two fiscal years, the credit is forfeited, and the amount becomes a non-deductible expense. Finally, the Law contains transitional and scope provisions: the Executive Branch must issue the regulations within 60 days, NPSOs have 180 days to register in the SUIOS, and the rules on dividends and advance payments apply from the first day of the month following publication. Additionally, it introduces changes in the mining sector, strengthens the powers of the UAFE, and provides for exemptions and special treatments in the public sector. Consequently, it is imperative that organizations and companies update their bylaws, distribution policies, internal controls, and accounting systems in accordance with the secondary regulations to be soon issued by the SRI, SEPS, and the Executive Branch.
Source: Third Supplement of the Official Register No. 112. Thursday, August 28, 2025.
MINISTERIAL AGREEMENT
MINISTRY OF LABOR
MINISTERIAL AGREEMENT No. MDT-2025-102
On August 22, 2025, the Ministry of Labor issued, through Ministerial Agreement MDT-2025-102, the Standard for the Prevention and Management of All Cases of Discrimination, Violence, and Workplace Harassment in the Private Sector, in compliance with the Organic Reform Law for the Eradication of Violence and Harassment in All Forms of Work (approved on May 8, 2024); concurrently, the public sector was regulated under Agreement MDT-2025-093 (August 14, 2025). The private-sector standard is mandatory for employers and employees governed by the Labor Code and covers conduct occurring during working hours, in work-related activities, or through third parties connected to the workplace (such as interns, volunteers, service providers, or clients), all of whom are also entitled to file complaints. Employers are required to develop and register an Internal Protocol for the Prevention and Eradication of Discrimination, Violence, and Workplace Harassment, which must include the pillars of prevention, identification, management, and follow-up, and be submitted on the Ministry’s electronic platform for approval by resolution of the Regional Director. Additionally, employers must implement psychosocial risk prevention programs (including awareness campaigns and a gender perspective), particularly for entities with more than 50 employees. In the public sector, a specific program is required, with a 90-day period to harmonize internal regulations; in the private sector, employers have 60 days to adapt their protocols. The complaint and response procedure is handled through the Labor Inspector in the private sector (and through the Institutional UATH in the public sector), with immediate protective measures, maintenance of confidentiality, physical separation between the victim and the alleged perpetrator, and medical and psychological support. Retaliation is prohibited, and procedural guarantees are provided, including the obligation to refer to cases to the criminal justice system when there is evidence of a crime.
The regulations expand the definitions of discrimination, violence, and harassment (including downward, upward, and horizontal hierarchical relationships), regulate digital disconnection with justified exceptions, and prohibit discriminatory requirements in selection processes (such as pregnancy tests, HIV status, or irrelevant background checks). In the public sector, the regulations introduce the obligation to implement corrective measures for repeat offenders and the duty to protect complainants and witnesses; in both sectors, prior agreements indicated by the Ministry are repealed, and deadlines are established for the implementation of IT modules and records. In summary, the regulations develop and operationalize the 2024 Reform Law: they require employers and public institutions to adopt effective protocols, programs, and protective measures, and establish mechanisms for processing, confidentiality, and sanctions aimed at ensuring prevention, response, and non-revictimization.
Source: Sixth Supplement of the Official Register No. 103. Friday, August 15, 2025.
ADMINISTRATIVE RESOLUTION
CENTRAL BANK OF ECUADOR
ADMINISTRATIVE RESOLUTION No. BCE-GG-013-2025
On August 7, 2025, the Central Bank of Ecuador issued the Model for the Implementation and Maintenance of the Quality Management System (QMS) for Gold Marketing Management and its Support Processes, with the purpose of strengthening international reserves, promoting the formalization and development of the small-scale and artisanal mining sector, and ensuring quality, traceability, and legality in the gold marketing chain. To achieve these objectives, the Resolution requires Senior Management, management, and sub-management to adopt a process-based approach aligned with ISO 9001:2015, assign clear responsibilities, implement traceability and data protection controls, conduct internal and external audits, manage risks, and document evidence of compliance and continuous improvement. Furthermore, its scope extends to personnel, suppliers, and strategic partners, impacting hiring, quality control, and compliance diligence.
Source: Supplement of Official Register No. 108. Friday, August 22, 2025.
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE
RESOLUTION No. NAC-DGERCGC25-000000018
The Internal Revenue Service (SRI) issued Resolution NAC-DGERCGC25-000000018, introducing significant measures for taxpayers in relation to the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE), complementing cross-monitoring between the SRI and the UAFE. It is established that the Unique Taxpayer Registry (RUC) will now include an explicit indication of whether the taxpayer is required to report to the UAFE, thereby strengthening the traceability of sensitive economic activities. Furthermore, the SRI may suspend the RUC ex officio for taxpayers who, within 30 business days from the opening or updating of the RUC, have not obtained their Registration Code from the UAFE. Moreover, the RUC suspension will remain in effect until the taxpayer submits the certificate of compliance issued by the UAFE, which implies an operational halt until their status is regularized. Additionally, taxpayers are urged to review and purge the activities recorded in their RUC, retaining only those they actually conduct, in order to avoid being incorrectly classified as obligated to report, which could generate unnecessary obligations and sanctions.
Source: Fourth Supplement of the Official Register No. 098. Thursday, August 7, 2025.
ORGANIC LAW
NATIONAL ASSEMBLY
ORGANIC REFORM LAW TO THE LABOR CODE TO DIGNIFY DOMESTIC WORK
On August 1, 2025, the Reform to the Labor Code to Dignify Domestic Work was published in the Official Register. This reform represents a milestone regarding paid domestic work, as it introduces significant changes, including a new definition recognizing it as “work performed by a natural person in a private household, under an employment relationship and for remuneration, whether part-time or full-time”, moving away from the previous definition, which understood domestic work solely as “domestic service. Additionally, it mandates the mandatory affiliation of domestic workers to the IESS and prohibits the employment of people under eighteen years of age for this type of work. Furthermore, the new definition excludes workers in the health, tourism, and hospitality sectors from the concept of paid domestic work, who were often considered similar or equivalent, and it also eliminates the replacement obligation, which previously required domestic workers to provide a replacement before leaving or resigning from their workplace. In conclusion, the primary objective of this reform law is to recognize the value of domestic work, facilitating means for the regularization of domestic workers and granting them formal recognition, including the guarantees and benefits mandated by law, as well as effective mechanisms for reporting violations of their labor rights or personal integrity. Among the provisions of the law is priority access to education and healthcare for the children of domestic workers, a measure designed to ensure and promote equality and access to these services, as well as to advance the rights of historically disadvantaged social sectors. The reform law also promotes a greater presence of oversight bodies, together with active inspections and immediate protection mechanisms in cases of labor violations involving discrimination, violence, or even forced labor. Finally, it provides for inter-institutional cooperation among the various ministries and state agencies, which must create and/or strengthen mechanisms for the effective implementation of this regulation.
Source: Second Supplement No. 94 of the Official Register. August 1, 2025.
ORGANIC LAW
NATIONAL ASSEMBLY
ORGANIC LAW ON REGULATION AGAINST UNFAIR COMPETITION
On August 29, 2025, the Organic Law on Regulation Against Unfair Competition was published in the Official Register, having been approved by the National Assembly, with the purpose of preventing, correcting, and sanctioning practices contrary to commercial good faith, protecting fair competition in the Ecuadorian market, and safeguarding the legitimate interests of competitors and consumers. The law applies to natural and legal persons, public or private, national or foreign, who engage in commercial activities or are affected by acts of unfair competition within the national territory, and is based on principles such as good faith, transparency, prohibition of abuse, consumer protection, assessment of legal reality, and non-exclusion. All conduct that contravenes the requirements of good faith is prohibited, regardless of the form or means employed, including—but not limited to—acts of deception or false advertising, confusing imitations, improper comparisons, and the disclosure or misappropriation of trade secrets. The Superintendency of Economic Competition is the authority responsible for supervision, investigation, and sanctioning, with powers to initiate proceedings ex officio or at the request of a party with legitimate interest, convene hearings, order corrective measures, take action before public authorities, and issue administrative resolutions. The investigative body bears the primary burden of proof, without prejudice to evidence that may be presented by the investigated parties. Alleged infringers may submit commitments for immediate or gradual cessation or corrective measures, whose acceptance must be resolved by the Superintendency within a maximum period of forty-five business days. To prevent, impede, suspend, correct, or reverse prohibited conduct, Superintendency may issue corrective measures and, in case of noncompliance, impose pecuniary sanctions and complementary measures, including: Fines of up to 12% of the previous fiscal year’s gross revenue for acts of unfair competition; Fines of up to 10% of gross revenue for noncompliance or lack of cooperation; and Coercive fines of up to 200 unified basic salaries to ensure compliance with administrative resolutions. Sanctions prescribe eight years from the date of imposition. The law also recognizes the possibility for the affected party or any person with legitimate interest to initiate judicial actions, such as the declaratory action of unfairness, the action for cessation of unfair conduct, and the action for removal of effects arising from the conduct. These actions prescribe within one year from the date the act and the responsible party are known, and, in any case, three years from the occurrence of the act. In summary, the law seeks to consolidate a fair and transparent commercial environment through administrative and judicial mechanisms that protect fair competition and consumer rights, while enabling effective redress against business practices contrary to good faith.
Source: Third Supplement of the Official Register No. 113. Friday, August 29, 2025.
RESOLUTION
SUPERINTENDENCY FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (SPDP)
REGULATION ON PSEUDONYMIZATION, ANONYMIZATION, BLOCKING, AND DELETION OF PERSONAL DATA
On August 7, 2025, through Resolution No. SPDP-SPD-2025-0030-R, the Superintendency for the Protection of Personal Data (SPDP) issued the Regulation on Pseudonymization, Anonymization, Blocking, Suspension, and Deletion of Personal Data (hereinafter, the “Regulation”), which aims to establish guidelines and technical measures to protect the lifecycle of personal data and ensure the effective exercise of data subjects’ rights. The Regulation applies to all public and private entities processing personal data in Ecuador and sets specific deadlines and operational responsibilities for its implementation. The Regulation defines pseudonymization as the replacement of data with codes or fictitious names, the reversibility of which requires additional information stored separately and protected. Pseudonymized data remain classified as personal data (and are therefore subject to the LOPDP), require a prior risk assessment, and may be used in the provision of services when identification is not necessary, in scientific, historical, or statistical research, and in audits or system testing. Any re-identification action must be recorded to ensure traceability and the data subjects’ right to protection. Anonymization is described as a technical measure designed to prevent identification or re-identification (including through combination with other sources), applicable to all categories of data and prioritized for health data following a risk assessment. The processing of anonymized health data requires prior authorization from the SPDP, and once properly anonymized, such data may be transferred without the data subject’s consent.
Regarding blocking, the Regulation allows data to be retained after the purpose has been fulfilled when there is a legal obligation or legitimate basis but requires the application of blocking techniques that limit and restrict access for residual purposes, following a risk assessment.
Suspension constitutes the data subject’s right to temporarily halt processing, and the data controller (or, if applicable, the processor after notification) must suspend processing within a maximum of three (3) days. This timeframe also applies to cessation due to revocation of consent, except in cases expressly provided for (e.g., defense of claims, protection of third parties, public interest, or compliance with legal obligations). Regarding deletion, the data subject may request the total or partial erasure of their data when there is no legitimate basis to continue processing. If the request is valid, the data controller must provide the data subject with written confirmation of the deletion, notify any processors and third parties to delete the data within a maximum of three (3) days, and the processors, at the end of their legal relationship with the controller, must return or delete the data within five (5) days and provide proof of compliance. Additionally, concerning data portability, the data subject has the right to receive their data in a compatible format, and once transferred to a new controller, the original controller must delete the data unless a legal basis permits its retention. The Regulation provides that, within six (6) months from its publication, the General Directorate of Innovation, Technology, and Personal Data Security must issue the Technical Guide on Pseudonymization, Anonymization, Blocking, Suspension, and Deletion.
Source: Official Register No. 115. Tuesday, September 2, 2025
